La pugna entre la propia identidad y aquella proveniente de un sistema transnacional difuso, interrelacionado e interdependiente pareciera ser el sello distintivo de los nuevos escenarios latinoamericanos producto de la globalización. En ese contexto de tensiones uno de los grandes desafíos de la acción educativa debería ser la creación de una ciudadanía como ámbito de participación, de modo de conciliar identidad cultural y diversidad. Esto es, la escuela debería promover una “ciudadanía intercultural”, que no es otra cosa que una ciudadanía consonante con la democracia pluralista que incluye la diversidad cultural. Ella supone el recíproco reconocimiento igualitario de todos los sujetos de derechos, capaces de participación política que confluyen en el espacio público, como espacio de todos sobre el que gravitan las instituciones de la democracia. Una de las condiciones básicas de la educación intercultural es que todos los procesos deben ser contextualizados y elaborados conjuntamente con todos los agentes. Así, la educación intercultural no sólo debería plasmarse en aquellos establecimientos con presencia de estudiantes de orígenes o sensibilidades diversos, sino que debería constituirse en una necesidad indispensable, evitando de paso la homogeneización cultural. Pues, la gran tarea de las nuevas generaciones debería ser aprender a vivir no sólo en un mundo tecnológico cambiante, sino ser capaces, al mismo tiempo, de mantener y renovar nuestras culturas locales; además de ser crítico con las creencias y modos de ser propios.