Chile fue el primer país latinoamericano en abordar la sexualidad como asunto público (1967), a partir de la instalación de programas internacionales de planificación familiar. Desde entonces, la política pública sobre salud sexual y reproductiva ha seguido una trayectoria fluctuante pudiendo identificarse diferentes énfasis y marcos de interpretación: vinculados al control demográfico, la religión católica, a la salud pública y, más recientemente, a los derechos humanos. Si bien el itinerario de esta política es más extenso, el presente artículo propone un análisis comparativo -a partir de la revisión de documentos políticos y entrevista a actores clave- sobre las iniciativas emprendidas por los últimos cuatro gobiernos (2000-2018), integrando una perspectiva de género. El propósito es identificar énfasis, continuidades y rupturas, en cada mandato presidencial, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.