Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se dicta la ley 16.640 de Reforma Agraria en 1967 que provocó cambios en la estructura predial del país. Razones políticas que son parte de la historia del país, impidieron que el proceso se realizara en los plazos propuestos. En 1975 la tierra se entregó en forma individual a campesinos carentes de la capacitación necesaria. La incorporación de Chile al modelo económico neoliberal generó las condiciones apropiadas para transferir suelo agrícola de los campesinos a manos de terceros. A cuarenta años del inicio de dicho proceso, se realizó un seguimiento a la propiedad agrícola del sector reformado en Curicó entre los años 1975 y 2007, cuyo objetivo fue determinar la superficie que continúa en manos de los asignatarios originales o sus descendientes. Los resultados indican que en manos de los asignatarios o sus descendientes quedan 118 parcelas y 207 sitios los que representan el 23,27 % y 42,95 %, respectivamente. La falta de apoyo crediticio, el aumento de las exigencias en la producción agrícola, la baja rentabilidad del sector y el avance urbano, figuran entre las causas del cambio.